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Viernes 24 de Mayo 2019

Otra víctima entre los desplazados de Colombia

22 Junio, 2011

Ana Fabricia Córdoba Cabrera

Washington, D.C., 20 de junio de 2011
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato en Santa Cruz (Sabana de Torres, Santander, Colombia) de Ana Fabricia Córdoba Cabrera, lideresa social afrodescendiente de desplazados que buscan la restitución de tierras en la región de Urabá. Asimismo, la Comisión expresa su profunda preocupación por la nueva amenaza de muerte dirigida a defensoras y organizaciones de derechos humanos.

Según la información recibida por la CIDH, Ana Fabricia Córdoba era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres, y fundadora de la Asociación Líderes Hacia delante Por un Tejido Humano de Paz (LATEPAZ) dedicada a acompañar a víctimas de desplazamiento forzado. Ana Fabricia Córdoba Cabrera habría denunciado varias violaciones a derechos de personas desplazadas cometidas por paramilitares en los barrios de la Cruz y la Honda en Medellín. La información indica que el 7 de junio un hombre disparó a la lideresa con un arma de fuego mientras se transportaba en un autobús con ruta a Santa Cruz. Preocupa profundamente a la CIDH que autoridades del gobierno colombiano han admitido públicamente que el asesinato de Ana Fabricia Córdoba podría haberse evitado, ya que desde el 9 de mayo el Programa de Protección del Ministerio del Interior habría tenido conocimiento sobre las amenazas contra la lideresa sin que se hubieran implementado medidas de protección oportunamente.

De acuerdo a la información disponible, días antes del asesinato, decenas de organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de la población desplazada, incluyendo a Ruta Pacífica de las Mujeres a la cual pertenecía la defensora, recibieron una amenaza de muerte con fecha del 2 de junio firmada por el grupo armado “Rastrojos”, la cual estaba dirigida a quienes tuvieran una participación activa en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras aprobada el pasado viernes 10 de junio. Entre las organizaciones señaladas como objetivos en la amenaza se encuentran CREAR, Arco Iris, Fundación Social, Sisma Mujer, Red de Empoderamiento, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, FUNDEPAZ, Casa Mujer, Ruta Pacífica de las Mujeres, FUNDHEFEM; CODHES, FUNDEMUD, MOVICE, UNIPA y Fundación Nuevo Amanecer. Asimismo, en la amenaza se hace referencia a varias personas, entre ellas Viviana Ortíz; Angélica Bello; Ruby Castaño; Maria Eugenia Cruz; Piedad Córdoba; Lorena Guerra e Iván Cepeda. Integrantes de varias de las organizaciones señaladas así como de las personas que se encuentran individualizadas en la amenaza son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Igualmente, la Comisión observa con preocupación que en el documento firmado por los “rastrojos” se amenaza al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La Comisión reitera que uno de los primeros pasos para proteger eficazmente a las defensoras y defensores es legitimar públicamente su trabajo, y tomar medidas para protegerlos desde el momento en que la autoridad pública toma conocimiento de que existen amenazas en su contra en razón de su trabajo. La Comisión recuerda que en muchos casos, como el de Ana Fabricia Córdoba, la muerte de defensoras y defensores está precedida de amenazas que fueron puestas en conocimiento de las autoridades.

La Comisión urge al Estado a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los familiares de Ana Fabricia Córdoba, investigar los hechos y sancionar a los responsables de su asesinato. Asimismo, la Comisión insta al Estado de Colombia a adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, especialmente de las organizaciones y personas que han sido amenazadas. El Estado debe procurar una investigación integral y sistemática de la amenaza respecto de todas las organizaciones y personas que se encuentran enunciadas en la misma.

La Comisión reitera que la labor de las defensoras y los defensores es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y para la plena vigencia del Estado de Derecho. En este sentido, los actos de violencia y otros ataques en su contra afectan el rol fundamental que tienen en la sociedad y sumen en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

ANTECEDENTES

Ana Fabricia llegó a Medellín hace cerca de una década huyendo de las matanzas cometidas por grupos paramilitares de las que fueron víctimas varios de sus familiares en la región del Urabá, desde entonces se asentó como desplazada en el barrio La Cruz de la comuna tres (Manrique).

Desde esa época, Ana Fabricia denunció con claridad los hechos y exigió se investigara a los responsables. Por su calidad de líder comunitaria, inmediatamente se vinculó a diferentes procesos organizativos de desplazados y de mujeres en el barrio La Cruz y en la ciudad de Medellín.

En el año 2002 se inició el proceso de paramilitarización en los barrios de Medellín, entre ellos La Cruz y La Honda, denunciando Ana Fabricia Córdoba estos hechos y la connivencia de la fuerza pública con los grupos paramilitares.

Particularmente la señora Córdoba fue clara en señalar a miembros de la Policía pertenecientes a la Estación de San Blas (Manrique) de apoyar la estructura paramilitar en la zona, además de cometer actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra jóvenes del barrio, entre ellos a uno de sus hijos.

Estas denuncias le acarrearon persecuciones, señalamientos y amenazas que fueron denunciados ante los Organismos de Control de la ciudad, la Alcaldía de Medellín y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suboficina Medellín.

A raíz de las persecuciones de las que fue objeto, fue víctima de un montaje judicial en el año 2004, como supuesta colaboradora de la guerrilla de las FARC y como consecuencia de ello, estuvo dos meses privada de la libertad en la cárcel del Buen Pastor, siendo finalmente absuelta de los cargos.

Posteriormente, su hijo Carlos Mario Ospina fue asesinado, hecho del que Ana Fabricia también culpaba a la Policía del barrio La Cruz por las constantes persecuciones y maltratos de los que Carlos Mario había sido objeto con sus otros dos hijos, también por parte de agentes policiales.

La señora Ana Fabricia Córdoba denunció constantemente a la Policía de la ciudad por actos de intimidación en su contra. Denunció en varias ocasiones el allanamiento a su vivienda sin orden judicial a altas horas de la noche acusándola de proteger a grupos armados. En otras ocasiones, civiles también entraron a su casa a intimidarla. Por lo anterior se veía obligada a dormir en diferentes casas por fuera del barrio como medida para proteger su vida.

A finales del año 2009 fue acreedora de un subsidio de vivienda por ser madre cabeza de familia desplazada y adquirió una vivienda en el barrio Popular de la comuna uno de la ciudad, situación que no mejoró del todo su seguridad pues denunciaba que la vivienda estaba ubicada en un sector muy conflictivo de la comuna, y las amenazas en su contra no cesaron.

El 7 de julio de 2010 fue asesinado su hijo Jonatan Arley Ospina Cordoba de 19 años de edad. Desde ese mismo instante Ana Fabricia denunció a la policía del barrio La Cruz como la responsable del hecho, a raíz de ello cursa actualmente una investigación en La Fiscalía.

HECHOS

Desde la muerte de Jonatan Arley y sus consecuentes denuncias, la señora Ana Fabricia fue objeto de reiteradas Amenazas por parte de desconocidos.

La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá le propuso a Ana Fabricia la práctica de un Análisis de Riesgo, que únicamente implica una evaluación para eventuales medidas de chequeo de seguridad, por parte del órgano policial.

Ana Fabricia se negó a dicho análisis, por la desconfianza que le generaba los antecedentes que señalan a la Policía como el organismo que siempre la persiguió a ella y a su familia.

En la sesión del Comité Metropolitano de Derechos Humanos, realizada en el mes de abril de 2011, Ana Fabricia hizo de público conocimiento las amenazas de las que era víctima.

El día 7 de junio de 2010, Ana Fabricia Córdoba fue asesinada cuando se movilizaba en un bus de la ruta Santa Cruz, por un hombre que le disparó en la cabeza con un arma con silenciador, quien después emprendió la huida.

El asesinato de Ana Fabricia Córdoba, evidencia la constante persecución y agresión contra los y las líderes comunitarias que trabajan en las diferentes regiones del país. Pese a todas las denuncias es clara la negligencia de parte de las autoridades que no le garantizaron la vida.

Desde julio de 2010 hasta abril de 2011 se han registrado 206 agresiones individuales contra defensores y defensoras, de los cuales 34 han sido asesinatos. En el mismo periodo, 127 organizaciones sociales o de derechos humanos fueron víctimas de algún tipo de agresión que puso en riesgo la vida e integridad de sus miembros y obstaculizó la labor legítima y legal de defensa de los derechos humanos[1]

EXIGIMOS

Se adelanten las investigaciones pertinentes, que logren esclarecer los hechos, móviles y autores materiales e intelectuales de este asesinato.

Que el Estado Colombiano brinde garantías reales a los líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en Colombia.

Que se garantice la vida y la integridad de los familiares sobrevivientes de la señora Ana Fabricia Córdoba

Suscriben,
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -Seccional Antioquia-
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Capítulo Antioquia-
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL

Fuente: Oficina de Prensa de la CIDH – SaladePrensa.Tel
Información de dominio público

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